INVESTIGAN UNA PRESUNTA RED DE COIMAS EN LA POLICÍA VIAL DE COLÓN: DETUVIERON AL JEFE Y A OCHO EFECTIVOS

Una de las investigaciones más graves por presunta corrupción policial en los últimos años sacude al norte de la provincia de Buenos Aires. La Justicia ordenó la detención del jefe de la Policía Vial de Colón y de ocho efectivos acusados de integrar una estructura organizada dedicada al cobro ilegal de dinero durante controles vehiculares sobre la ruta nacional 8 y otros corredores viales de la región.

La causa es encabezada por la fiscal de instrucción de Colón, Magdalena Brandt, quien imputó a los acusados por presuntas exacciones ilegales, concusión, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

Las detenciones fueron autorizadas por el juez de Garantías César Solazzi, quien además dispuso múltiples allanamientos en dependencias policiales y domicilios particulares vinculados con los investigados.

Un sistema organizado de recaudación ilegal

De acuerdo con la investigación judicial, los efectivos habrían montado un esquema sistemático de extorsión a conductores interceptados en operativos de tránsito.

Según la acusación, las víctimas eran amenazadas con la confección de infracciones, el secuestro de vehículos, la retención de documentación e incluso la apertura de causas penales. Frente a esa situación, los policías ofrecían “solucionar” el problema a cambio de pagos realizados mediante transferencias bancarias.

La fiscalía sostiene que la maniobra funcionó entre enero de 2024 y noviembre de 2025 y que el eje central del mecanismo era una cuenta bancaria del banco Supervielle identificada con el alias “pelado.258”.

Allí se realizaban las transferencias exigidas durante los controles viales y posteriormente los fondos eran distribuidos en cuentas bancarias y billeteras virtuales vinculadas con integrantes de la estructura policial.

Millones de pesos y más de 300 operaciones sospechosas

Los investigadores detectaron movimientos económicos millonarios. Según consta en el expediente, algunos efectivos habrían recibido transferencias superiores a los 23 millones de pesos.

Además, la causa incluye más de 300 operaciones sospechosas realizadas por particulares, transportistas y empresas de distintos puntos del país que habrían pagado dinero tras ser retenidos en controles policiales.

La documentación incorporada al expediente incluye informes bancarios, registros de billeteras virtuales, declaraciones testimoniales, análisis telefónicos y actas de procedimientos.

Uno de los episodios más impactantes mencionados en la investigación involucra a un chofer de transporte de cargas al que inicialmente le habrían exigido 27 millones de pesos para evitar una supuesta infracción. Finalmente, según la acusación, terminó pagando 2 millones de pesos mediante transferencias desde distintas cuentas.

También aparecen pagos vinculados a documentación de cargas, habilitaciones del Senasa, faltantes de chapas patentes e incluso casos relacionados con pequeñas cantidades de marihuana.

Sospechas de una asociación ilícita policial

Para la fiscalía, los hechos no fueron aislados ni cometidos de manera individual, sino que formaban parte de una estructura organizada dentro de la propia Policía Vial.

Por ese motivo, los acusados fueron imputados también por asociación ilícita, señalando como presunto organizador al entonces jefe del Destacamento Vial de Colón.

En el expediente incluso se menciona la posible participación de superiores vinculados a la estructura de Policía Vial de la zona Junín, quienes habrían recibido parte de las transferencias derivadas de la recaudación ilegal.

La investigación además detectó movimientos similares relacionados con efectivos del Destacamento Vial de Carabelas, donde también se habrían replicado mecanismos de cobro ilegal a conductores.

Allanamientos, pruebas y riesgos procesales

Para avanzar con las detenciones, la fiscal solicitó allanamientos con habilitación de días y horarios inhábiles, teniendo en cuenta que los acusados pertenecen a la Policía bonaerense.

Durante los procedimientos se secuestró documentación, teléfonos celulares y elementos considerados clave para profundizar la investigación.

La fiscal Brandt también advirtió sobre riesgos procesales y sostuvo que uno de los imputados habría intentado comunicarse con una víctima para influir en su declaración.

Mientras continúan los procedimientos judiciales y el análisis de pruebas, la causa ya es considerada una de las investigaciones más importantes por presunta corrupción policial en la región, con eje en los controles viales realizados sobre la ruta nacional 8.